Las autoridades cubanas han impuesto una sentencia de 12 años de privación de libertad a un ciudadano acusado de transportar cerca de medio kilogramo de marihuana, en un caso que marca una respuesta poco habitual enérgica frente al tráfico de drogas en la isla. En un país sumido en una de las crisis más profundas de su historia reciente, este fallo judicial ha sorprendido por su severidad, generando tanto reconocimiento como cuestionamientos sobre sus verdaderos alcances y motivaciones. El condenado fue detenido en circunstancias que no han sido ampliamente difundidas por los medios estatales, aunque se conoce que llevaba consigo una cantidad sustancial de cannabis, una droga cuya circulación se ha intensificado en los últimos años en sectores urbanos del país. La sentencia, dictada por un tribunal provincial, refleja un giro represivo más estricto frente al narcotráfico, en un momento en que la precariedad económica, la escasez generalizada y el deterioro institucional han favorecido el crecimiento de actividades ilegales. Cuba ha mantenido tradicionalmente una postura de tolerancia cero frente al uso y comercio de sustancias ilícitas. Sin embargo, la aplicación de las leyes ha sido desigual, y muchos expertos sostienen que el sistema judicial tiende a priorizar los delitos de carácter político o social por encima de los que afectan directamente a la seguridad ciudadana. En ese contexto, el castigo ejemplarizante de este caso plantea interrogantes sobre si se trata de una nueva política sostenida o de una acción puntual para enviar un mensaje disuasorio a una población cada vez más descontenta. La juventud cubana, en particular, ha sido una de las principales víctimas del actual colapso económico y social. Con un horizonte marcado por el desempleo, la emigración masiva y la represión de la disidencia, el acceso a las drogas ha comenzado a calar en sectores que antes estaban mayoritariamente al margen de estos flagelos. Frente a este panorama, algunos analistas consideran que la decisión judicial podría constituir una advertencia institucional frente al temor de que el narcotráfico se convierta en un fenómeno de mayor escala en la isla. Aun así, persisten las dudas sobre la eficacia de esta política aislada si no va acompañada de reformas estructurales. La lucha contra las drogas requiere no solo castigo, sino también prevención, educación y alternativas reales para los sectores más vulnerables. En un país donde el aparato estatal concentra todos los poderes, pero a menudo no logra garantizar los servicios básicos, el combate al narcotráfico corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más que en una estrategia integral. Este fallo judicial, aunque pueda ser visto como una medida correcta en términos de control del crimen, no borra la realidad de una nación profundamente desgastada. Mientras se aplaude la firmeza en la condena, persiste la necesidad de un debate más amplio sobre justicia, legalidad y derechos ciudadanos. Cuba, atrapada entre la urgencia de la supervivencia diaria y la rigidez de su sistema político, enfrenta una encrucijada en la que cada decisión estatal, incluso las bien encaminadas, debe ser leída a la luz del contexto de crisis generalizada en el que se produce.